Formar dos grupos de estudiantes que tomen diferentes posturas: unos a favor y otros en contra.

Respuesta orientativa:

1. Se divide la clase en dos equipos equilibrados: el Grupo A (a favor) defendiendo la permanencia de la Función de Transparencia y Control Social, y el Grupo B (en contra) argumentando su posible modificación o eliminación.
2. Cada grupo elige un representante y se distribuyen roles: portavoz, encargado de buscar evidencias (leyes, casos, datos) y encargado de réplicas.
3. Cada grupo prepara una argumentación inicial con al menos tres argumentos sustentados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano (Constitución de la República, LOSEC, LOCECP).
4. Se define el tiempo de cada intervención (por ejemplo, 3 minutos iniciales, 2 minutos de réplica y 1 minuto de cierre) para garantizar la equidad.

Elegir un moderador que regule la participación y resuma los puntos más importantes del debate.

Respuesta orientativa:

1. Se elige por consenso un estudiante que no pertenezca a ninguno de los dos grupos para garantizar la imparcialidad.
2. El moderador:
   • Presenta el tema y las reglas al inicio.
   • Controla el tiempo de cada exposición y la lista de oradores.
   • Garantiza el respeto entre posturas y evita interrupciones.
   • Pregunta al final: ¿Qué se logró con esta función? ¿Qué desafíos persisten?
3. Al cierre, redacta un resumen con los tres argumentos centrales a favor, los tres en contra, los puntos de consenso y los desacuerdos pendientes.

Identificar las competencias que tiene la Función de Transparencia y Control Social.

Respuesta orientativa:

1. Consultar la Constitución de la República del Ecuador (arts. 307 y ss.) y la LOCECP (Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social).
2. Las competencias principales son:
   • Control posterior a la gestión de entidades públicas, mediante auditorías a las cuentas de entidades y programas de gasto (art. 133 de la Constitución).
   • Prevención y lucha contra la corrupción mediante la función de control.
   • Aprobación de informes de entidades del sector público y sus programas.
   • Control posterior al funcionamiento de medios de comunicación social del Estado y a las campañas de proselitismo político.
   • Auditoría a organismos del sector privado que administren recursos del Estado (licitaciones, subsidios, deuda externa, concesiones de servicios públicos).
   • Control a actos de fiscalización de los organismos de regulación y a las empresas públicas y mixtas en las que el Estado tiene participación accionaria.
   • Función de investigación para esclarecer delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado, coordinado con la Justicia Penal.
3. Se sintetizan estas competencias en un cuadro o mapa conceptual para usarlos como base en el debate.

Analizar las ventajas y límites que presenta el país al contar con la Función de Transparencia y Control Social.

Respuesta orientativa:

Ventajas:

1. Fortalece la lucha contra la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos.
2. Genera mayor transparencia en la gestión del sector público, favoreciendo la participación ciudadana (control social).
3. Permite detectar y sancionar el mal manejo de fondos, protegiendo el patrimonio del Estado.
4. Contribuye a la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático.

Límites:

1. En la práctica, la efectividad de las auditorías puede verse limitada por la lentitud de la justicia y la impunidad.
2. El control posterior (a posteriori) no siempre evita los daños ya consumados en la gestión pública.
3. Pueden existir interferencias políticas que debiliten la independencia de la Función.
4. La ciudadanía requiere educación cívica para ejercer el control social de manera informada y eficaz.

Respuesta final del ejercicio: El debate debe sustentarse en estos argumentos: la Función de Transparencia y Control Social es indispensable para la democracia y la lucha contra la corrupción, aunque enfrenta retos de eficacia y autonomía que deben ser atendidos desde la sociedad.