Caso: El ex-alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, enfrentó un proceso de revocatoria de mandato en su último año de administración municipal. En septiembre de 2017, Segundo Armijos, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Loja, presentó este pedido a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
¿De qué manera actúa la democracia deliberativa en el caso expuesto?
- La democracia deliberativa es el sistema en el que los ciudadanos y los distintos actores sociales debaten, argumentan y exponen públicamente sus puntos de vista antes de que se tome una decisión política; no basta con votar, es necesario dialogar y fundamentar las posiciones.
- En el caso, la Unión de Cooperativas de Taxis de Loja —un sector organizado de la sociedad civil— no esperó pasivamente a las elecciones ordinarias: evaluó el desempeño del alcalde y canalizó sus demandas y reclamos mediante un instrumento institucional, la revocatoria de mandato, ante el CNE, el organismo encargado de verificar el proceso.
- Al actuar así, estos actores sociales pusieron sobre la mesa argumentos y razones sobre el manejo de la administración municipal, exponiendo su punto de vista de manera pública y fundamentada ante una instancia democrática, que es justo lo que hace la deliberación.
- De este modo, la democracia deliberativa se concretó en: (i) participación activa de la sociedad civil organizada; (ii) debate público sobre el rendimiento de las autoridades; (iii) uso de mecanismos constitucionales y legales en lugar de la violencia o la desobediencia; y (iv) apertura de un espacio donde el gobierno debía responder y argumentar a favor de su gestión.
- Como señala el recuadro "¿Sabías qué?", este tipo de deliberación permite conocer la visión de diversos actores sociales, beneficiando a grupos que no siempre están representados en los organismos decisores, como los gremios de taxistas.
La democracia deliberativa actúa cuando la Unión de Cooperativas de Taxis, como actor social organizado, debate y argumenta públicamente sobre la gestión municipal y canaliza sus reclamos mediante la revocatoria de mandato ante el CNE, abriendo un espacio de discusión pública y fundamentada sobre el ejercicio del poder.
¿Cómo la revocatoria de mandato puede ser un mecanismo de control a las autoridades y no simplemente una herramienta de persecución o intimidación?
- La revocatoria de mandato es un derecho ciudadano reconocido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del Ecuador: permite que los electores retiren a sus representantes antes de terminar el período si consideran que no cumplen con lo prometido.
- Como mecanismo de control, funciona correctamente cuando respeta el marco jurídico: exige firmas de un porcentaje mínimo de los ciudadanos, se presenta ante el CNE, y la autoridad electoral verifica la autenticidad de las firmas y el cumplimiento de los requisitos legales, garantizando así el debido proceso.
- La revocatoria se convierte en control legítimo cuando: (i) se funda en argumentos verificables sobre la gestión (corrupción, incumplimiento de compromisos, mal manejo de recursos públicos); (ii) proviene de ciudadanos organizados que debaten y exponen públicamente sus razones; y (iii) se ejerce dentro de las instituciones y con participación de observadores y medios de comunicación que garantizan la transparencia.
- Por el contrario, se convierte en persecución o intimidación cuando se usa como venganza política, se fabrican firmas, se manipula a grupos vulnerables para coaccionarlos, o se emplea sin ninguna base en la gestión pública, con fines ajenos al interés general.
- En el caso Loja, el control es legítimo si el gremio de taxistas expuso con fundamento problemas reales de la administración y el proceso fue verificado por el CNE bajo igualdad de condiciones, permitiendo a la autoridad defender su gestión mediante argumentos, no mediante represalias.
- La clave está en que la revocatoria debe expresar una valoración ciudadana informada y deliberada, no la imposición de intereses particulares: así se protege tanto a la autoridad como a los ciudadanos.
La revocatoria de mandato es un control legítimo cuando se ejerce dentro del marco legal, con firmas verificadas por el CNE, argumentos públicos y verificables sobre la gestión, y debate abierto; se convierte en persecución cuando se usa como venganza política, con firmas falsificadas o coacción a grupos vulnerables, sin base en el rendimiento de la autoridad.
