Argumenta, en los Art. 88, 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cómo la rendición de cuentas por parte de las autoridades fortalece el proceso democrático.
- El Art. 88 reconoce el derecho ciudadano a solicitar, al menos una vez al año, la rendición de cuentas a instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos o manejen recursos públicos. Esto empodera a la ciudadanía como sujeto activo del control.
- El Art. 89 define la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que obliga a autoridades y funcionarios a informar y someterse a evaluación ciudadana por su gestión y administración de recursos.
- El Art. 90 identifica a los sujetos obligados: autoridades electas o de libre remoción, representantes de empresas públicas y del sector privado que manejen fondos públicos, y medios de comunicación social.
- El Art. 91 establece los objetivos: garantizar acceso periódico a la información sobre la gestión pública, facilitar el control social, vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y prevenir la corrupción y el mal gobierno.
- Síntesis argumentativa: la rendición de cuentas fortalece la democracia porque genera transparencia, permite que el pueblo (mandante) evalúe a sus gobernantes (mandatarios), hace efectivo el control social, disuive la corrupción y mantiene viva la legitimidad de las instituciones al garantizar que el poder se ejerza con responsabilidad ante la ciudadanía.
La rendición de cuentas fortalece la democracia al garantizar información periódica (Art. 91.1), hacer efectivo el control social ciudadano (Art. 89 y 91.2), obligar a las autoridades a informar (Art. 90), vigilar las políticas públicas (Art. 91.3) y prevenir la corrupción y el mal gobierno (Art. 91.4), devolviendo al pueblo su rol de fiscalizador del poder.








