María, ingeniera embarazada, es rechazada en casi todas sus postulaciones laborales porque los empleadores alegan que no cumplirá sus responsabilidades al ser madre; ella demanda ante la Defensoría del Pueblo.
Indico qué principios han sido vulnerados.
- Principio de igualdad y no discriminación: se la excluye del empleo por una condición (el embarazo) que no afecta su idoneidad profesional como ingeniera mecánica.
- Principio de dignidad: tratarla como si su valor profesional dependiera de su maternidad atenta contra su dignidad como persona.
- Principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: todos los postulantes deben competir según mérito y calificaciones, no según su estado civil o reproductivo.
- Principio de protección especial a la maternidad: el ordenamiento jurídico obliga a proteger a la mujer en estado de gravidez, y esa protección fue ignorada y convertida en motivo de rechazo.
- Principio de legalidad y buena fe en las relaciones laborales: el empleador no puede negar el empleo por causas prohibidas por la ley.
Se vulneran los principios de igualdad y no discriminación, de dignidad, de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, de protección de la maternidad y de legalidad en la relación laboral.
Señalo qué derechos deben ser reconocidos a María.
- Derecho al trabajo y a elegir libremente su ocupación, sin discriminación alguna.
- Derecho a la igualdad de trato en el acceso al empleo y a la no discriminación por razón de embarazo o maternidad.
- Derecho a la seguridad social y a prestaciones de maternidad (licencia, subsidios).
- Derecho a la integridad y a la dignidad, libres de tratos degradantes o humillantes.
- Derecho a la tutela administrativa y jurisdiccional efectiva: a que la Defensoría del Pueblo (y en su caso la autoridad competente) investigue y sancione a los empleadores.
- Derecho a una remuneración justa e igual por trabajo de igual valor.
Deben reconocerse a María su derecho al trabajo sin discriminación, a la igualdad de trato en el empleo, a la seguridad social y prestaciones de maternidad, a la dignidad e integridad, a la tutela jurisdiccional efectiva y a una remuneración justa por trabajo de igual valor.
