1. Son instancias extraordinarias y soberanas convocadas para crear o reformar una Constitución, es decir, para establecer la norma fundamental del Estado.
2. Permiten actualizar el marco jurídico ante crisis políticas, institucionales o sociales (por ejemplo, los quiebres o vacíos de poder que dieron origen a la Constitución de 1869, la de 1883, la de 1906 o la de 1929).
3. Recogen aspiraciones de sectores sociales que antes estaban marginados y amplían el contenido de los derechos (trabajadores, mujeres, grupos étnicos, pueblos y nacionalidades indígenas).
4. Legitimizan cambios estructurales en el ordenamiento político, económico y territorial del Estado ecuatoriano (por ejemplo, la Constitución de 1929 incorporó el sufragio femenino y la de 2008 reconoció la plurinacionalidad).
5. Funcionan como espacio de representación política en coyunturas de crisis, articulando pactos entre actores políticos, sociales y económicos.

1. Dependencia respecto a las coyunturas políticas y económicas: en Ecuador su convocatoria muchas veces estuvo ligada a golpes de Estado o vacíos de poder, lo que condicionó sus trabajos y resultados.
2. Límites de representatividad: históricamente estuvieron dominadas por élites criollas y latifundistas que excluyeron a indígenas, campesinos, mujeres y trabajadores de la discusión constituyente.
3. Fragilidad jurídica y duración: varias constituciones y sus asambleas fueron breves o derogadas (por ejemplo, la de 1869 y la de 1906 sufrieron múltiples reformas y reemplazos), lo que mostró la debilidad de las transformaciones.
4. Restricciones internas del texto: aunque proclamaban amplias libertades y derechos, en la práctica el Estado conservó mecanismos restrictivos (como la pena de muerte en la Constitución de 1869, que era considerada 'progresista' en lo formal).
5. Trampas de la letra frente a la realidad: muchas constituciones garantizaban derechos que no se aplicaban, generando un desfase entre la norma y la práctica política y social.

1. 1998: Reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y otorga a las mujeres derechos de igualdad dentro del hogar; establece derechos para niños, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad; reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la identidad y a mantener sus propias instituciones (Título VII sobre Pueblos Indígenas).
2. 2008: Amplía y profundiza: enuncia la igualdad sin discriminación (art. 66) y dedica un capítulo específico a los derechos de los niños, adolescentes y mujeres embarazadas (art. 45), así como a las personas de la tercera edad (art. 37) y personas con discapacidad (art. 36); reconoce derechos específicos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios (arts. 56 a 59) y prohíbe la discriminación por origen étnico, género, edad, etc. (art. 11.2).
3. Comparación: La Constitución de 2008 es más amplia y explícita: los grupos de atención prioritaria pasan de tener reconocimientos dispersos a contar con capítulos y artículos dedicados y con un principio rector de no discriminación más estricto.

1. 1998: El Título VII regula los derechos de protección, con especial énfasis en los niños y adolescentes (art. 47), la familia (arts. 67 a 73) y personas de la tercera edad; los derechos de protección tienen carácter de irrenunciables e inalienables, pero el catálogo es más acotado.
2. 2008: El Capítulo Tercero del Título II regula los derechos de protección con mayor detalle e incorpora nuevos sujetos: embarazadas, niñas, niños y adolescentes (arts. 44 a 46), personas con discapacidad (art. 36), personas privadas de libertad (art. 24), y consagra el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda con un enfoque más integral; prohíbe expresamente la tortura, la desaparición forzada y la servidumbre (art. 47).
3. Comparación: La Constitución de 2008 amplía el catálogo de sujetos protegidos y refuerza el carácter de protección integral, con prohibiciones explícitas más severas (tortura, desaparición forzada, trata de personas).

1. 1998: La Constitución de 1998 no reconocía derechos propios de la naturaleza; el ambiente se regulaba como un derecho humano a un ambiente sano (art. 19) y como deber del Estado de proteger la biodiversidad y los recursos naturales, pero sin sujetos de derecho propios.
2. 2008: Introduce de forma pionera el derecho de la naturaleza a existir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos (art. 71), con legitimidad activa para su defensa por cualquier persona, grupo, pueblo, comunidad o organización (art. 72). El Estado debe aplicar medidas preventivas frente a la degradación ambiental (art. 73) y garantiza la restauración de los ecosistemas afectados (art. 73).
3. Comparación: En 1998 el ambiente era un derecho humano de tercera generación, sujeto a regulación; en 2008 la naturaleza se convierte en titular de derechos propios, un cambio de paradigma jurídico sin precedentes a nivel constitucional.

1. 1998: Establece garantías como la acción de protección (art. 120), la acción de habeas corpus (art. 121), la acción de habeas data (art. 122) y la acción de inconstitucionalidad (art. 129); los mecanismos de protección de derechos se articulan principalmente a través de la Corte Constitucional.
2. 2008: Mantiene la acción de protección, el habeas corpus y el habeas data (arts. 88, 89, 90), pero añade nuevos mecanismos y amplía los sujetos activos: la acción de inconstitucionalidad (art. 103), la consulta popular (art. 104) y la acción por inconstitucionalidad de normas; se amplía la legitimación para interponer acciones y se incorpora el principio de tutela judicial efectiva (art. 76.3); se crea el Tribunal Constitucional como órgano de garantías y se fortalece el sistema de justicia constitucional.
3. Comparación: La Constitución de 2008 fortalece y amplía las garantías, incorpora nuevos mecanismos (consulta popular, ampliación de legitimación activa) y refuerza el acceso efectivo a la justicia y la protección de derechos.

Respuesta global: La Constitución de 2008 amplía sustancialmente el catálogo de derechos y garantías respecto a la de 1998, profundizando en los derechos de grupos prioritarios, la protección integral, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y los mecanismos de garantía constitucional.