• Art. 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia; sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.
• Art. 2: La democracia representativa es la base del Estado de derecho; se fortalece con la participación permanente, eficaz y responsable de la ciudadanía.
• Art. 3: Elementos esenciales: respeto a derechos humanos y libertades fundamentales; acceso al poder sujeto al Estado de derecho; elecciones periódicas, libres y justas con sufragio universal y secreto; régimen plural de partidos; separación e independencia de poderes.
• Art. 4: Componentes fundamentales: transparencia gubernamental, probidad, respeto a derechos sociales, libertad de expresión y de prensa; subordinación constitucional al poder civil.
• Art. 5: Fortalecimiento de partidos políticos; régimen equilibrado y transparente de financiación electoral.
• Art. 6: La participación ciudadana en decisiones es un derecho, una responsabilidad y condición para el ejercicio efectivo de la democracia.
• Art. 7: La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos.
• Art. 8: Cualquier persona puede interponer denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos.
• Art. 9: La eliminación de la discriminación de género, étnica y racial, y el respeto a la diversidad, fortalecen la democracia.
• Art. 10: La democracia requiere el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores conforme a la Declaración de la OIT (1998).

III. Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza (Arts. 11–16)

• Art. 11: La democracia, el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
• Art. 12: La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano inciden negativamente en la democracia. Los Estados de la OEA se comprometen a crear empleo, reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema.
• Art. 13: Los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral y al crecimiento económico con equidad.
• Art. 14: Los Estados Miembros examinan periódicamente las acciones de la OEA para fomentar el diálogo y el desarrollo integral.
• Art. 15: El ejercicio de la democracia facilita la preservación del medio ambiente; los Estados deben implementar políticas de protección ambiental para un desarrollo sostenible.
• Art. 16: La educación de calidad es clave para fortalecer instituciones democráticas, incluyendo a niñas, mujeres, habitantes rurales y minorías.

IV. Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática (Arts. 17–22)

• Art. 17: Un gobierno en riesgo puede recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente de la OEA.
• Art. 18: Ante situaciones que afecten el proceso político democrático, el Secretario General puede disponer visitas y gestiones de análisis.
• Art. 19: Una ruptura del orden democrático constituye un obstáculo insuperable para la participación del Estado en la OEA.
• Art. 20: Ante una alteración grave del orden constitucional, cualquier Estado Miembro puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente.
• Art. 21: La Asamblea General puede suspender a un Estado Miembro con el voto afirmativo de dos tercios de los miembros.
• Art. 22: El levantamiento de la suspensión requiere también el voto de dos tercios de los Estados Miembros.

• Art. 23: Los Estados Miembros son responsables de organizar procesos electorales libres y justos; pueden solicitar asesoramiento a la OEA.
• Art. 24: Las misiones de observación electoral operan por solicitud del Estado interesado, garantizando libre acceso a la información y cooperación.
• Art. 25: Las misiones informan al Consejo Permanente si no existen condiciones para elecciones libres y justas.

VI. Promoción de la cultura democrática (Arts. 26–28)

• Art. 26: La OEA desarrolla programas para promover principios democráticos y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio.
• Art. 27: Los programas priorizan la educación de niñez y juventud para asegurar la permanencia de valores democráticos.
• Art. 28: Los Estados promoverán la participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras políticas.