La reforma de 2013: calidad educativa, evaluación y Servicio Profesional Docente

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"una educación de calidad que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial"; y, tercero, fortalecer la centralidad de la evaluación "para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas".

Hasta ese momento, ninguna de las reformas introducidas al subsistema de educación básica, desde la década de los años noventa, había suscitado la inconformidad que despertó la ACE. A partir de la firma de este documento, se registraron varias oleadas de protestas y movilizaciones de los maestros en distintas entidades del país, que, pese a su magnitud, no lograron detener que la "calidad de la educación" y los mecanismos de regulación y control que ésta implicaba, alcanzaran rango constitucional.

Al consumar un nuevo recambio en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para asegurar la filiación priista de su dirigencia, apenas tres días después de que Elba Esther Gordillo fuera detenida y enviada a la cárcel acusada del desvío de más de 2 mil millones de pesos, el 23 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó los artículos 3° y 74 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En septiembre del mismo año, se aprobaron las leyes secundarias que de ella derivan.

En la reformada Ley General de Educación (2013), la calidad se definió como: "la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad". En la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013), se especifica que se entenderá como Marco General de una Educación de Calidad "al conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio [...]". En esas leyes no se mencionaba algo sobre la dimensión pedagógica y social de la educación; por el contrario, la calidad de la educación se restringe a una serie de perfiles y cuantificaciones por medio de los cuales se busca naturalizar la medición-clasificación como eje central del proceso educativo y como mecanismo de coerción sobre el magisterio nacional.

En aquella legislación, se definía al personal docente de la educación básica y media superior como el profesional "que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo", formulación en donde pareciera diluirse la responsabilidad del Estado haciendo recaer en el maestro, de manera individual, todo el peso de la educación en las escuelas. Este mecanismo implicaba un nuevo (el texto continúa en la página siguiente).