Reflexionar sobre lo que sucede cuando las autoridades no cumplen con su función y los ciudadanos son quienes protegen los bienes naturales.
- Cuando las autoridades (gobierno municipal, estatal o federal) incumplen su obligación de cuidar el territorio, los ecosistemas quedan sin vigilancia ni protección legal efectiva.
- Ante esa omisión, los ciudadanos —organizaciones civiles, comunidades indígenas, activistas— asumen por iniciativa propia la defensa de ríos, bosques, suelos y fauna.
- Esta sustitución de roles genera riesgos: al no contar con respaldo institucional, los defensores quedan expuestos a amenazas, hostigamiento y violencia por parte de intereses económicos que se benefician del deterioro ambiental.
- Además, se produce una distorsión del Estado de derecho: quienes deberían aplicar la ley se vuelven indiferentes o incluso cómplices, y la protección de un bien común depende del coraje individual y no de una política pública.
- Como consecuencia, persisten la contaminación, la deforestación y el despojo, porque la resistencia ciudadana, por heroica que sea, no sustituye la acción sancionadora y preventiva del Estado.
Respuesta orientativa: Cuando las autoridades no cumplen, los ciudadanos se convierten en la última línea de defensa de los bienes naturales, pero quedan desprotegidos y expuestos a la violencia, mientras que el deterioro ambiental continúa por falta de sanción efectiva.










